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Aprobada la Ley que permitirá formalizar los divorcios de mutuo acuerdo ante notario

La Ley de Jurisdicción Voluntaria se publicó en el BOE, el pasado 3 de julio de 2015, y  permitirá tramitar los divorcios ante Notario, siempre y cuando la separación sea de mutuo acuerdo y no haya hijos a cargo ni personas con discapacidad en el proceso.

Será el ciudadano el  que podrá elegir entre divorciarse ante el secretario judicial  o hacerlo ante notario.

En líneas generales, la Ley de Jurisdicción Voluntaria libera a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales. La iniciativa la planteó en 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —el actual es Rafael Catalá—, que la presentó como una solución para “descongestionar los juzgados” y negó que se pretendiera generar negocio a los notarios, un sector que con la caída de la venta de viviendas ha visto disminuir su actividad.

La jurisdicción voluntaria regula asuntos en los que no hay un conflicto directo entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo. Hay unos 50.000 procedimientos de esta clase al año —de los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, según Justicia—, y prácticamente todos ellos los resuelven, en la actualidad, los jueces.

El Gobierno calcula que aproximadamente 18.000 de esos divorcios pasarán a notarios. Los jueces y secretarios judiciales seguirán teniendo competencia exclusiva en los expedientes en materia de personas y familia, como los derechos de menores, y en determinados asuntos en materia mercantil y de derecho sucesorio.

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La Vanguardia: «Los españoles podrán casarse y divorciarse también ante notario».

La Vanguardia (31/10/2013).

El enlace costará 95 euros y el divorcio sólo será posible en caso de que no haya hijos a cargo y haya acuerdo entre las partes.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha informado de una nueva vía en España para contraer matrimonio, además de la religiosa y la de oficio ante las autoridades locales: se trata del matrimonio y el divorcio ante notario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el responsable de Justicia ha comentado que esta posibilidad, con alguna especificidad, se añade a las que existen actualmente: ante algunas de las confesiones religiosas, con inscripción en el registro, ante el encargado del registro civil o bien ante los alcaldes o concejales con poderes para ello. Así, ahora «se introduce una nueva», la posibilidad de hacerlo ante notario ya que, como fedatario público, puede ejercer las mismas funciones que los alcaldes o concejales y el registrador.

Celebrar la boda ante el registro civil es gratuito, pero no lo es hacerlo en el ayuntamiento, donde persiste una disparidad de precios en función de variables diversas. En el caso del notario, el Gobierno introduce un arancel de 95 euros por cada celebración y tramitación del matrimonio.

También hay novedades con respecto a los divorcios. Si bien hasta la fecha sólo podía tramitarse por vía judicial, ahora, sólo si no existen menores en el matrimonio y hay acuerdo entre las partes, se podrá oficializar también ante notario.
Leer la noticia en La Vanguardia.

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El Pais: «Bodas ante notario por 95 euros»

El Pais (31/10/2013).

  • El Gobierno aprueba una ley que delega miles de trámites judiciales en las notarías
  • Los divorcios sin menores también podrán hacerse por esta vía
  • Antes de ir a un juez, pase por la notaría
  • Gallardón renuncia a ‘privatizar’ el Registro
  • Sube de 14 a 16 años la edad para casarse

Matrimonios y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que delegará en los 3.000 notarios y 1.000 registradores españoles —que cobran un arancel fijado por el Gobierno— buena parte de los procedimientos no contenciosos que ahora se resuelven en los juzgados: por ejemplo, los relacionados con herencias, testamentos o conflictos menores en empresas. También delegará en los notarios los matrimonios y los divorcios de mutuo acuerdo, aunque aquí el cambio será voluntario: el ciudadano podrá elegir entre casarse —como ahora— ante un cura, un juez o un alcalde —lo que a veces es gratis y otras veces no— o hacerlo ante notario, pagando en este caso un arancel de 95 euros. Lo mismo con los divorcios: si es de mutuo acuerdo y no hay hijos menores o discapacitados, la pareja podrá elegir entre divorciarse en un juzgado, como ahora (pagando lo que se gaste en abogados), o hacerlo ante notario (abonando además 95 euros).

Evolución del número de divorcios
“Nada sale del ámbito de lo público”, ha afirmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al presentar el anteproyecto, asegurando que la medida responde a la necesidad de “descongestionar los juzgados” y no al interés de generar un lucro para los notarios en un momento en el que sus ingresos han caído por la explosión de la burbuja inmobiliaria. Fuentes de Justicia niegan que esta ley avance en la privatización, y dan dos argumentos: primero, que los notarios y registradores son, oficialmente, un tipo de funcionario público —aunque sus ingresos no salen de las arcas públicas sino de los aranceles que cobran a los ciudadanos—; y segundo, que “los procedimientos en los juzgados no son tampoco gratuitos para el ciudadano, ya que, aunque no hay aranceles, la mayoría de ellos requiere contratar abogado y procurador”. La nueva ley, subrayan, eliminará esa obligación de contar con abogado y procurador en los asuntos que sean gestionados por los notarios.

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales, sin embargo, ve en esta ley “otra apuesta más por la privatización de la justicia” y un intento de “incrementar el volumen de negocio” de notarios y registradores. “No existe ningún motivo que impida que el conocimiento de estas materias, se le otorgue a los secretarios judiciales, [lo] que sería gratuito para los ciudadanos”, ha protestado la asociación en un comunicado.

La jurisdicción voluntaria regula, por lo general, aquellos procedimientos en los que no hay exactamente un conflicto entre dos partes, sino una necesidad del ciudadano de obtener una resolución judicial para ejercer un derecho o lograr un acuerdo: por ejemplo, recibir autorización para donar órganos siendo un donante vivo, resolver una herencia en la que el fallecido no ha dejado testamento, establecer un régimen de patria potestad o dictar una subasta voluntaria de bienes. Hay unos 50.000 procedimientos de ese tipo al año —de los nueve millones de asuntos que entran en los juzgados, según Justicia—, y prácticamente todos son resueltos en la actualidad por jueces.

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La regulación de la jurisdicción voluntaria está salpicada a lo largo de distintas normativas, que el Gobierno ha agrupado ahora en una nueva ley. Y esa ley incluye un cambio fundamental: muchos de los procedimientos que ahora se resuelven en los juzgados —gratis, salvo cuando se requiere abogado y procurador— pasarán a ser resueltos por notarios y registradores, que cobrarán un arancel (distinto para cada procedimiento) fijado por el Gobierno. Otros asuntos —la mayoría— seguirán llevándose en los juzgados, y algunos muy puntuales serán asumidos indistintamente por jueces o por notarios.

Justicia calcula que, aproximadamente 18.000 de los 50.000 asuntos anuales serán delegados en notarios y registradores. Serán los referidos a actos de carácter testamentario sucesorio, intervenciones en contratos entre particulares, subastas voluntarias, y asuntos mercantiles como nombramiento de peritos o auditores en empresas. A esos cerca de 18.000 asuntos habrá que añadir, no obstante, los 700.000 procesos monitorios (reclamaciones de deudas entre particulares) que ahora están fuera de la jurisdicción voluntaria y que la ley va a incorporar: en esos procesos, será decisión de los litigantes resolverlo ante el juez o ante el notario.

En manos de los jueces o secretarios judiciales seguirán todos los asuntos de jurisdicción voluntaria que afecten a derechos de personas y familia, al interés público o al estado civil, o impliquen a menores o precisen una especial tutela judicial. Por ejemplo, los acogimientos o adopción de menores, la extracción de órganos de donantes vivos, la dispensa para contraer matrimonio en casos en los que hay parentesco, la patria potestad y relaciones de menores con sus abuelos, la administración de bienes gananciales y algunos asuntos mercantiles como la disolución de sociedades.

Aunque el matrimonio y el divorcio no tienen nada que ver con la jurisdicción voluntaria, Justicia ha aprovechado esta ley para introducir también un cambio en esos dos procedimientos, delegándolos también en los notarios. Con una diferencia: en este caso el ciudadano podrá decidir si opta por esa delegación o no. Eso supone cierta rectificación del ministerio, que hace un año, cuando anunció la medida, no matizó que sería voluntaria.

En la actualidad, una pareja en España puede casarse ante un cura, ante un alcalde o un concejal o ante el juez responsable del Registro Civil. Los jueces no cobran tasa; los Ayuntamientos, unos no y otros sí (en torno a 100 euros); y las parroquias suelen pedir la voluntad. Cuando la nueva ley entre en vigor —aproximadamente en un año, porque aún debe pasar por el Parlamento—, esa pareja podrá casarse ante el cura, el alcalde o el juez, o —y esta será la novedad— ante un notario. Y en ese último caso pagará un arancel de unos 95 euros, “un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda”, ha dicho Gallardón. ¿Por qué elegiría alguien pagar un arancel en lugar de casarse gratis ante un juez? “Puede ocurrir, por ejemplo, que la pareja quiera contraer matrimonio en una casa de campo a la que ni el juez ni el alcalde estén dispuestos a desplazarse, o que haya lista de espera en el Ayuntamiento y la pareja no quiera esperar”, afirman desde el ministerio.

Para divorciarse será parecido. En los casos de divorcio de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores o discapacitados —que ahora se llamarán “personas con capacidad judicialmente complementada”—, la pareja podrá elegir divorciarse ante un juez o acudir a un notario (pagando un arancel de 95 euros). Si el divorcio no es de mutuo acuerdo o hay hijos menores o discapacitados, el divorcio solo podrá sellarlo un juez. En España hay unas 100.000 bodas civiles al año, y el mismo número de divorcios.

A Gallardón le preguntaron si el presidente Mariano Rajoy se había inhibido en la deliberación por ser registrador de la propiedad. El ministro eludió responder, pero señaló que la inhibición solo se da cuando hay un interés personal en una ley, y que si él mismo, que es fiscal, tuviera que inhibirse cada vez que una ley afecta al cuerpo de fiscales, no podría ser ministro de Justicia.

Leer la noticia en El Pais.

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Europapress.es: «El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a 95 euros.

Europapres.es (31/10/2013).

El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil que incluirá la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja.

Así lo ha anunciado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, asegurando que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con «un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda».

Gallardón ha explicado que no se trata de una privatización, puesto que se trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso, ha recordado que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientos que optan por cobrar estos servicios (puesto que son libres para fijar tasas por matrimonio).

«Con esta medida los registros civiles se verán descongestionados como ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio», ha recordado el ministro, quien ha apuntado que también supondrá ventajas como el hecho de que a partir de ahora pueda desplazarse el notario, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos.

Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España,  cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales.

«Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel, que el Gobierno prevé fijar en 95 euros por cada matrimonio. Es una cantidad asumible dentro del coste general de celebración de una boda y no es un negocio jurídico que se practique con mucha frecuencia», ha resaltado.

En el caso del divorcio, Ruiz-Gallardón ha reiterado que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se tratan de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.

16 AÑOS PARA EL MATRIMONIO

Por otro lado, el Gobierno también incluirá otra modificación en el Código Civil a través de esta futura ley para elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio. Según el ministro, esta iniciativa pretende establecer un criterio homogéneo con la inmensa mayoría de legislaciones en el entorno internacional. «Ha sido un proceso de larga reflexión y es una propuesta en defensa de las menores», ha añadido.

Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de la Población, el año pasado se casaron en España 268 menores de edad, de los que 81 tenían 15 años o menos.

En concreto, la estadística revela que en 2012 contrajeron matrimonio 19 niños y 18 niñas que tenían menos de 15 años y otros 19 niños y 25 niñas con esta edad ya cumplida. Asimismo, se casaron 15 chicos y 43 chicas a sus 16. Con 17 años se casaron 21 chicos y 64 chicas, según los mismos datos.

Por último, Gallardón ha anunciado la desaparición del término «incapaz» a la hora de referirse a las personas con discapacidad en el Código Civil, siendo sustituido por «personas con capacidad judicialmente complementada». «Es mucho más que un cambio de nombre que responde a una reiterada exigencia de este colectivo», ha concluido.

SUSTRACCIÓN DE MENORES

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha señalado que la revisión de los procedimientos de jurisdicción voluntaria ha concluido que en los casos de sustracción internacional de menores siempre hay controversia entre los progenitores. Por eso, se ha procedido a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para regularlo como un proceso propio e independiente fuera de la jurisdicción voluntaria.

Serán los Juzgados de Primera Instancia con competencias en Derecho de Familia los encargados de dar respuesta a estos conflictos, en los que en un primer momento existirá la posibilidad de que se solucionen de forma amistosa.
Leer la noticia en Europapress.es:  El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a 95 euros

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El Confidencial: «El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario por 95 euros»

El Confidencial (31/10/2013)

El Gobierno autorizará matrimonios y divorcios ante notario a través de una reforma del Código Civil que incluirá la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja. Así lo ha anunciado el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, asegurando que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con «un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda».

Gallardón ha explicado que no se trata de una privatización, puesto que se trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso, ha recordado que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientosque optan por cobrar estos servicios (puesto que son libres para fijar tasas por matrimonio).

«Con esta medida los registros civiles se verán descongestionadoscomo ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio», ha recordado el ministro, quien ha apuntado que también supondrá ventajas como el hecho de que a partir de ahora pueda desplazarse el notario, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos.

Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España,  cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales. «Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel, que el Gobierno prevé fijar en 95 euros por cada matrimonio. Es una cantidad asumible dentro del coste general de celebración de una boda y no es un negocio jurídico que se practique con mucha frecuencia», ha resaltado.

En el caso del divorcio, Ruiz-Gallardón ha reiterado que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se tratan de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.

16 años para el matrimonio

Por otro lado, el Gobierno también incluirá otra modificación en el Código Civil a través de esta futura ley para elevar de 14 a 16 años la edad legal para contraer matrimonio. Según el ministro, esta iniciativa pretende establecer un criterio homogéneo con la inmensa mayoría de legislaciones en el entorno internacional. «Ha sido un proceso de larga reflexión y es una propuesta en defensa de las menores», ha añadido.

Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Movimiento Natural de la Población, el año pasado se casaron en España 268 menores de edad, de los que 81 tenían 15 años o menos.  En concreto, la estadística revela que en 2012 contrajeron matrimonio 19 niños y 18 niñas que tenían menos de 15 años y otros 19 niños y 25 niñas con esta edad ya cumplida. Asimismo, se casaron 15 chicos y 43 chicas a sus 16. Con 17 años se casaron 21 chicos y 64 chicas, según los mismos datos.

Por último, Gallardón ha anunciado la desaparición del término «incapaz» a la hora de referirse a las personas con discapacidad en el Código Civil, siendo sustituido por «personas con capacidad judicialmente complementada». «Es mucho más que un cambio de nombre que responde a una reiterada exigencia de este colectivo», ha concluido.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha señalado que la revisión de los procedimientos de jurisdicción voluntaria ha concluido que en los casos de sustracción internacional de menores siempre hay controversia entre los progenitores. Por eso, se ha procedido a reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para regularlo como un proceso propio e independiente fuera de la jurisdicción voluntaria. Serán los Juzgados de Primera Instancia con competencias en Derecho de Familia los encargados de dar respuesta a estos conflictos, en los que en un primer momento existirá la posibilidad de que se solucionen de forma amistosa.

 

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